Sin Derecho de Vía, el Ramal Camelinas es ilegal, reitera Movimiento en Defensa de la Loma
Sin permiso sobre Derecho de Vía, la obra del Ramal Camelinas es “ilegal a todas luces y se convierte en una obra pirata de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT)”, reiteró el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, luego que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señaló diversas irregularidades en la ejecución de la obra en esta capital, donde destaca además que de acuerdo con la dependencia, se han incumplido los términos de la misma más allá de los plazos planteados y se han elevado “notablemente” los costos.
Moctezuma Madrigal Mercado, vocero del MCDL, señaló en rueda de prensa que al igual que lo hizo en la auditoría 2015, de nueva cuenta la ASF en su reporte del 2017 vuelve a señalar que la obra del Ramal Camelinas carece de Derecho de Vía. “La SCT quiso engañar a la ASF con un derecho de vía de otra obra denominada Carretera Amalia Solórzano-Calle Baltazar Echave, que no coincide con la obra que se construye ilegalmente. El Ramal es ilegal”.
Con una fotografía ante los medios, la organización denunció además un nuevo deslave justo en un corte del Túnel II que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió desde hace dos años que no debería hacerse, además de que el mismo generó afectación sobre la zona considerada área Natural Protegida y sin embargo, las autoridades “no ven, no oyen ni dicen nada” al respecto.
Ilegal también, uso de explosivos al no tener permiso
De acuerdo con la ASF, señaló Madrigal, la SCT no tenía al momento de la firma del contrato 201516CEAO12W002015, “el permiso correspondiente para la adquisición, traslado, manejo, almacenamiento y uso de explosivos y artificios necesarios para la ejecución de la obra, violando la ley”.
Cabe señalar que desde que iniciaron las detonaciones en el lugar, los integrantes del MCDL demandaron la intervención de Protección Civil Municipal para que emitiera un dictamen sobre el impacto que éstas tendrían en la zona, mismo que nunca se ha llevado a cabo. No obstante, por las explosiones, existen 30 casa dañadas de las que sus propietarios demandan sean reparadas, además de considerar el “impacto emocional” que vivieron los habitantes del área en que se construye el Túnel II de la referida obra.
Muros cuarteados, aljibes que se vinieron abajo y daños en los pisos de los inmuebles, han sido daños constatados en el lugar por los medios de comunicación y donde de acuerdo con Madrigal, la SCT pagó 1 millón 931 mil 700 pesos por el “levantamiento actual de edificaciones aledañas para prevenir reclamos de daños por las actividades inherentes a la construcción del Túnel II”, como refiere la ASF en su reporte 2017, cifra que superó en un millón 545 mil 400 pesos “lo que originalmente había presupuestado la SCT, que prefiere pagar esta sumas que pagar los daños ocasionados a las viviendas de Ocolusen”.
Otro punto derivado de la auditoría 2017 de la ASF, refirió el vocero, es el pago de 2 millones de pesos de la SCT por 25 mil árboles presuntamente sembrados para disminuir el impacto sobre la ecología en la zona, con un costo de 80 pesos por planta, y sin embargo “dicho volumen no se encontraba acreditado en la documentación de soporte proporcionado por Comunicaciones y Transportes”.
Otro plazo para concluir la obra
Sobre los plazos de terminación de la obra, la cual en varias ocasiones y hasta con mariachis han festinado autoridades del estado y del municipio, que presuntamente iba a culminarse en diciembre del 2017, ahora cuenta con otra fecha, abril del 2018, señaló Madrigal, situación que también la ASF destaca en cuanto a que se incrementan los costos y tiempos de construcción que violan el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Este artículo, leyó Madrigal, establece la posibilidad de convenios sobre modificaciones respecto al proyecto original, “siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley o los tratados”, situación que no aplica en este caso, al superar el costo de los incrementos el porcentaje señalado.
Ejemplificó con el caso de la constructora TRADECO, contratada para realizar el Túnel del Libramiento Sur o Túnel I, donde se preveía un costo inicial de 172 mil 463.9 pesos, ahora se estima para su conclusión con un costo total de 274 mil 885.4 pesos. Con otras variantes, el costo que se eleva por la no terminación lo registran otras cuatros compañías contratadas por la SCT.
Apoyo internacional
Moctezuma Madrigal planteó que ante el cúmulo de irregularidades, que destacó, le dan la razón a los argumentos del MCDL, acudieron ante la Oficina de las Naciones Unidas Sobre Riesgos y Desastres Naturales, donde además de los resultados 2017 de la ASF integraron el nuevo deslave registrado, lo que ratifica el riesgo latente con la obra del Ramal camelinas para14 mil personas.
En el reporte entregado a la instancia de la ONU, se integran “las violaciones a las leyes y omisiones graves del proyecto carretero denominado Ramal Camelinas, entre las que destacan el incumplimiento del Atlas de Riesgos de Morelia, no contar con dictámenes de Protección Civil federal, estatal y municipal, incumplir las recomendaciones del estudio elaborado por la UNAM, que les pedía cambiar de ruta, así como daños a las viviendas por las explosiones” y ante lo que el MCDL pide a la instancia “se pronuncie y condene las acciones del Estado mexicano”.
