Diputados del PRD, PRI y PAN y de la Representación Parlamentaria violan ley para rematar bienes públicos: Alfredo Flores
Morelia, Michoacán, 09 de septiembre de 2021.-Con tal de realizar una sesión más para aprobar la propuesta del gobernador Silvano Aureoles Conejo de vender bienes inmuebles, los grupos parlamentarios del PRD, PRI, PAN y de la Representación Parlamentaria, incurren en diferentes violaciones a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, denunció el diputado local, Alfredo Flores Vargas.
El legislador de Morena dijo que los diputados que son afines a Silvano y, por tanto, están de acuerdo con rematar el patrimonio estatal, están intentando llevar a cabo una sesión para consumar, de última hora, la venta de 16 bienes inmuebles, a unos días de que concluya la presente Legislatura.
Y, con ese propósito, varios legisladores se prestan a trasgredir la ley sin ningún pudor, con fines obscuros, atendiendo “quién sabe qué intereses financieros”, añadió.
Denunció que la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, de la que forma parte, y cuyo presidente es el diputado del PRD, Octavio Campo Córdova, ha emitido dictámenes ilegales.
“Como lo señala la ley, no fui convocado a la reunión donde se dictaminó conceder licencia a el panista José Antonio Salas Valencia, para separase de su cargo como diputado y solicitar la presencia de su suplente”, dijo.
Este asunto tampoco ha sido turnado al pleno, por lo que el diputado suplente de Salas Valencia no ha entrado en funciones, en consecuencia, la fracción parlamentaria del PAN, no puede ni debe dirigir la presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), hasta en tanto se cumpla con el procedimiento parlamentario contenido en la ley.
Entonces, prosiguió, el PAN está usurpando la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), al no estar materialmente facultado para presidirla por no contar con los 8 diputados necesarios establecidos en la ley, por lo que no puede convocar a sesión, como lo ha pretendido hacer, con el único propósito de aprobar el remate de bienes públicos.